Si en 2010 el 20% de una comunidad de casi 3 millones de habitantes no tiene posibilidades de acceso a internet, es que tenemos un problema, Houston. Parece que el gobierno autonómico se va a poner las pilas para que Galicia deje de ser una de las tres comunidades con menor uso de internet en España (por debajo de 15 lineas por cada 100 habitantes), al haber presentado recientemente un plan director para la implantación de la banda ancha, y subsanar así la denominada brecha digital que actualmente afecta no sólo a hogares y empresas, sino también a servicios públicos básicos como centro educativos y centros de salud, y, en general, a toda la Administración. Este ambicioso plan promete el acceso en el horizonte del 2013 del 100% de los gallegos a una conexión de calidad, tras múltiples promesas incumplidas por los sucesivos gobiernos.

Sabida es la dificultad que representa la dispersión poblacional y peculiar orografía gallega para el desarrollo de infraestructuras, lo que en el caso de la conexión a internet revela a día de hoy demasiadas “zonas de sombra” -con una muy deficiente cobertura-, cuando no nula. Sin embargo, estas características hacían todavía más imperiosa la necesidad de una apuesta decidida (junto con una importante inversión económica) por parte de la administración pública que subsanase las lógicas reticencias de los operadores de telecomunicaciones ante las dificultades para amortizar la inversión del despliegue.

Así, siendo como es la gallega una de las poblaciones más envejecidas del país, no es de extrañar que la demanda de servicios digitales no sea el factor determinante a la hora de extender la banda ancha. Se trata, sin embargo, de una obligación de la administración -tanto estatal como autonómica- facilitar el acceso a este servicio a todos los habitantes, un derecho que permita además fijar territorio y romper por fin la barrera del desequilibrio territorial. A ver si esta vez es verdad.